La pandemia y las remesas de los emigrantes
Por Covadonga Meseguer Yebra
Universidad Pontificia Comillas
Para los países en vías de desarrollo las remesas son el flujo de divisa
extranjera más importante, por encima de la inversión extranjera directa, los
flujos de capitales privados y la ayuda oficial al desarrollo.
En 2019, alcanzaron su máximo con 554 mil millones de dólares, lo que
representa más del 5% de la riqueza nacional de al menos 60 países de renta
media y baja.
El dinero que los emigrantes envían a sus países de origen es un salvavidas
esencial para sus parientes y sus comunidades, especialmente en las zonas
rurales. Con ellas se financia el consumo privado y se realizan inversiones
en salud, vivienda y educación.
Con frecuencia, las remesas ofrecen a sus receptores la posibilidad de abrir
sus propios negocios. Si se invierten de forma comunitaria, las remesas
colectivas facilitan la mejora de infraestructuras locales. En suma, las
remesas son un factor clave en el desarrollo de personas y comunidades.
Peculiaridades de las remesas
En primer lugar, son transferencias entre personas, lo que dificulta que los
Estados puedan extraer rentas de ellas. A diferencia de los recursos
naturales, y precisamente por su carácter privado, hay poca evidencia de que
las remesas sean una maldición que contribuya a la supervivencia de malos
gobiernos.
En segundo lugar, las remesas se incrementan cuando los países receptores
afrontan momentos de dificultad. Se ha observado que las crisis políticas o
económicas, los desastres naturales y las guerras aumentan los envíos de los
emigrantes para apoyar a sus familias. En otras palabras, las remesas son
anticíclicas.
Con estos antecedentes, no es de extrañar que entre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2030 se incluya el abaratamiento del coste de estos
envíos hasta el 3%, ya que en algunos corredores continúa siendo muy
elevado, especialmente en el África Sub-Sahariana.
Las remesas y la COVID-19
Los organismos multilaterales de ayuda al desarrollo siguen con preocupación
la evolución de las remesas durante la pandemia de la COVID-19.
Como ya sucediera durante la Gran Recesión, esta crisis está afectando
gravemente las perspectivas económicas de los países tanto de origen como de
destino de las remesas, complicando la sostenibilidad de los envíos.
El efecto de la pandemia ha sido inmediato: las previsiones del Banco
Mundial apuntan a un descenso en los envíos de unos 100 mil millones de
dólares, en torno al 20% de las remesas de 2019. Como consecuencia de esta
caída se teme un repunte de la pobreza extrema, que puede afectar a entre 40
y 60 millones de personas.
Además, el incremento de la pobreza podría tener repercusiones políticas
negativas.
Investigaciones recientes apuntan a que las remesas debilitan a las
dictaduras y a los gobiernos que abusan del intercambio de favores, dinero o
bienes a cambio de votos. Al reducir la pobreza, las remesas aportan
independencia a las familias que las reciben y reducen el valor de esos
intercambios clientelares.
Por tanto, la caída de las remesas podría traer un repunte de estas
prácticas, lo que favorecería la continuidad de los regímenes dictatoriales
y debilitaría la calidad de las nuevas democracias. Así pues, es fundamental
garantizar la continuidad de estos flujos tanto por razones económicas como
de buen gobierno.
¿Y ahora qué?
La incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, así como el hecho de que
la crisis está afectando a todos los motores económicos mundiales, hace muy
difícil anticipar una recuperación rápida de las remesas (como sí ocurrió
tras la Gran Recesión).
La digitalización de los servicios de transferencias y la mejora en la
educación financiera se presentan como una opción necesaria para que los
emigrantes puedan seguir enviando apoyo económico a sus familias,
especialmente en zonas rurales, a pesar de la crisis.
De hecho, el incremento en el uso de servicios digitales para el envío de
estos fondos ha sido notable. Además, se ha pedido que los servicios de
envíos de remesas sean declarados actividad esencial, que se incremente la
competencia entre proveedores para reducir los costes, y la implicación de
las diásporas en el desarrollo local a través de instrumentos financieros
que movilicen sus ahorros.
También se hace urgente evitar que el deterioro de las condiciones
económicas repercuta en una mayor hostilidad hacia los inmigrantes en los
países de acogida, y garantizar que las restricciones a la movilidad por
motivos de salud pública sean compatibles con la protección de personas
demandantes de asilo y refugio.
Fuente: The Conversation
